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El populismo cambia de manos

jcarvallo4
hace 2 días
10 min de lectura

Las elecciones de medio término en Estados Unidos me hicieron volver a una preocupación que me acompaña desde que terminé mis estudios de Economía en Venezuela: el populismo económico, especialmente el de izquierda. Uno de los textos que más me marcó entonces fue The Macroeconomics of Populism, de Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards. Años después, con la llegada de Hugo Chávez, vi cómo las advertencias de aquel trabajo cobraban forma en mi país y cómo el deterioro económico terminaba acompañado por una dictadura.


Esa experiencia explica la inquietud con la que observo el debate estadounidense. Estados Unidos atraviesa una situación distinta: su economía crece de manera espectacular y el nivel de emprendimiento y desarrollo tecnológico hace palidecer al resto de las economías del mundo. Sin embargo, esa prosperidad no alcanza de la misma manera a todos. El crecimiento en K describe una economía que avanza de manera desigual: mientras unos sectores y hogares mejoran sus ingresos y acumulan patrimonio, otros se estancan o retroceden. El país puede mostrar buenas cifras y, al mismo tiempo, una parte de la población sentir que vive cada vez peor. La distancia entre las cifras agregadas y la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos alimenta una demanda política comprensible: que el país vuelva a ofrecerles oportunidades. El problema aparece cuando la respuesta promete resultados sin reconocer lo que cuesta alcanzarlos.


Donald Trump convirtió esa aspiración en un mensaje de recuperación nacional bajo la consigna America First. A mi juicio, allí comenzó esta etapa del péndulo político. Las elecciones del 3 de noviembre sugieren que el descontento encuentra ahora nuevos portavoces entre los demócratas. Según las coberturas de The Guardian y USA TODAY, Abdul El-Sayed, Adam Hamilton y James Talarico ganaron las contiendas al Senado por Michigan, Kansas y Texas, respectivamente, mientras Rob Sand y Gina Hinojosa obtuvieron las gobernaciones de Iowa y Texas.


¿Qué une a dirigentes de perfiles tan distintos? Shawn Donnan, de Bloomberg, sostiene en «American Populism Is Just Getting Started» que los votantes rechazaron la versión del populismo económico de Trump y que los demócratas están desarrollando variantes propias. El-Sayed recurre a un tono urbano y combativo; Hamilton y Talarico, a un lenguaje religioso; Sand e Hinojosa, a una apelación a la buena gestión por encima de las lealtades partidistas. Comparten una crítica a las élites, aunque construyen confianza de maneras diferentes. USA TODAY describe, además, a Sand como centrista y a Hamilton como moderado y antiguo republicano. Esa diversidad obliga a evitar la idea de un bloque ideológico uniforme.


Dentro de esa variedad, el mensaje económico de Bernie Sanders parece haber ganado influencia. Politico lo plantea en «Bernie Sanders lost the fight in 2016. A decade later, he won the war», publicado el 5 de noviembre. El artículo recuerda las resistencias que encontró el senador de Vermont dentro del Partido Demócrata y sostiene que candidatos con versiones de su mensaje ganaron en lugares que parecían fuera del alcance demócrata, entre ellos Michigan, Texas, Montana y Wisconsin. Al día siguiente, More Perfect Union, una organización de medios progresista, atribuyó parte de esas victorias al populismo económico en una publicación con video. También advirtió que su duración dependerá de lo que los demócratas hagan para conservar el apoyo de la clase trabajadora.


La cuestión de la duración es precisamente la que me devuelve a Dornbusch y Edwards. Ganar una elección con una promesa económica y sostener sus resultados son cosas distintas. En el capítulo inicial del volumen que editaron para el National Bureau of Economic Research, publicado en 1991, los autores definen el populismo económico como un enfoque que privilegia el crecimiento y la redistribución del ingreso, mientras resta importancia a la inflación, al financiamiento del déficit, a las restricciones externas y a la reacción de los agentes económicos ante políticas agresivas al margen del mercado. Aclaran que comparten la preocupación por la pobreza y la distribución del ingreso. Su advertencia se refiere a los medios elegidos y al enorme costo que su fracaso impone a quienes se pretendía beneficiar.


El ciclo que describen suele comenzar con un profundo descontento económico, a menudo después de un ajuste que ha frenado el crecimiento en una sociedad muy desigual. El nuevo gobierno interpreta la capacidad ociosa como una oportunidad para expandir la demanda, minimiza los riesgos del déficit y confía en los controles de precios para contener la inflación. Al principio, la estrategia parece funcionar: aumentan la producción, el empleo y los salarios reales. Ese éxito inicial fortalece la convicción de que las restricciones podían ignorarse.


Después aparecen los cuellos de botella, la escasez de divisas, la inflación acelerada y la fuga de capitales. El proceso termina exigiendo una estabilización ortodoxa que deja los salarios reales por debajo del punto de partida. La observación más dura del capítulo es también la más sencilla: el capital puede escapar de las malas políticas; los trabajadores quedan atrapados en sus consecuencias.


Los autores identifican otro rasgo recurrente: los responsables de esos programas creen que sus circunstancias son únicas y que las lecciones de otros países no les son aplicables. El libro estudia Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Perú, y presenta a Colombia como la excepción que evitó esas políticas durante cuatro décadas. La similitud que encuentran es macroeconómica; las historias políticas son distintas. Esa precisión permite aprender de la experiencia latinoamericana sin reducirla a un solo relato.


También ayuda a entender por qué mi preocupación va más allá de las cuentas públicas. Juan Domingo Perón construyó en Argentina una alianza decisiva con los sindicatos y extendió beneficios a los trabajadores mientras restringía libertades constitucionales, como recoge la Enciclopedia Britannica. En Brasil, el Estado Novo de Getúlio Vargas fue una dictadura entre 1937 y 1945, con el Congreso disuelto y gobierno por decreto, según la misma enciclopedia. En Venezuela, Human Rights Watch documentó en 2004 cómo la mayoría aliada de Chávez amplió el Tribunal Supremo y lo ocupó con magistrados afines. Cada caso tiene su contexto, pero algunos muestran la combinación que más temo: promesas que desconocen los límites económicos y un poder que debilita los controles necesarios para corregir sus errores.


Estados Unidos tiene una tradición populista propia, anterior a Trump, que permite examinar esa relación desde otra experiencia. La plataforma de Omaha de 1892 del People's Party, conservada por el American Presidency Project de la Universidad de California en Santa Bárbara, reclamaba un impuesto progresivo sobre la renta y la propiedad pública de los ferrocarriles. Convivían allí demandas de reforma con un lenguaje conspirativo y exclusiones que merecen una lectura crítica. En 1896, los populistas apoyaron al demócrata William Jennings Bryan, unidos por la libre acuñación de plata, como recoge Teaching American History, un proyecto educativo de la Universidad de Ashland. La protesta tuvo que decidir cuánto negociar para competir dentro de una coalición mayor.


El New Deal de Franklin D. Roosevelt ofrece un ejemplo especialmente útil para distinguir la redistribución de sus posibles derivas. La Ley Wagner de 1935 protegió la negociación colectiva y creó una autoridad para hacerla cumplir, según la Biblioteca Presidencial Roosevelt. Esa reforma convirtió una demanda social en una institución duradera dentro de un orden democrático. Roosevelt también puso a prueba los contrapesos al intentar ampliar la Corte Suprema en 1937. El plan de ampliar la Corte Suprema fracasó. La misma experiencia muestra tanto la posibilidad de reformar como la importancia de limitar al gobernante.


Por eso no equiparo toda política redistributiva con el populismo económico que estudiaron Dornbusch y Edwards, ni confundo a la izquierda democrática con los gobiernos de aquellos episodios. Mi preocupación aparece cuando una promesa se presenta como si estuviera libre de restricciones fiscales o externas, cuando los controles sustituyen a las reglas o cuando un dirigente se atribuye la representación exclusiva del pueblo. Me inquieta especialmente que el adversario se convierta en enemigo: un gobierno que deja de escuchar pierde también la capacidad de reconocer y corregir sus errores.


Con ese criterio observo al sector de la izquierda estadounidense que busca llegar al poder mediante el populismo económico, incluidos los autodenominados socialistas democráticos de Democratic Socialists of America (DSA). Es una organización activista sin fines de lucro, distinta del Partido Demócrata, cuyos miembros pueden competir dentro o fuera de la línea electoral demócrata. No representa a todos los demócratas ni a todos los progresistas. A mi juicio, ese sector puede convertirse en uno de los mayores riesgos futuros para Estados Unidos si sus promesas terminan desconociendo los límites económicos y los contrapesos institucionales. Conviene discutir ese riesgo antes de que las propuestas se conviertan en políticas, comenzando por exigir una explicación de cómo se financia cada una.


La lectura de Dornbusch y Edwards sirve para formular preguntas precisas sobre cada propuesta: quién asume el costo, qué restricciones reconoce y qué institución podrá sostenerla cuando cambie el gobierno. Es allí donde una aspiración electoral debe demostrar que puede convertirse en una política viable.


La inteligencia artificial pondrá a prueba esa capacidad. Mi experiencia me ha enseñado a reconocer en el populismo una búsqueda constante de un enemigo, y hoy veo que algunas voces socialistas lo han encontrado en los centros de datos. El capítulo de DSA en Louisville mantiene una campaña contra los grandes centros de datos y pide una moratoria a nuevas aprobaciones. La inversión en IA y en centros de datos es una de las fuentes que están impulsando el crecimiento: según un análisis de economistas de la Reserva Federal de St. Louis, las categorías de inversión asociadas a la IA, incluida la construcción de centros de datos, explicaron el 39 % del crecimiento del PIB real de Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2025. Su consumo de electricidad y agua y su impacto local merecen un debate legítimo, y Donnan identifica la ansiedad ante esta tecnología y esos centros como un nuevo foco de movilización. El boletín The Forecast de Bloomberg, en «America’s Populist Awakening is Here», anticipa un mayor escrutinio político de la IA, mientras USA TODAY recoge controversias locales sobre centros de datos en Wisconsin y Ohio. Veo una oportunidad para que las comunidades participen en decisiones que transforman su entorno. Esa participación necesita procedimientos comprensibles y respuestas verificables para que las inquietudes se traduzcan en decisiones de gobierno sin convertir la inversión en el adversario de turno.


Dornbusch y Edwards cerraban su capítulo preguntándose si una variante expansiva, bien ejecutada, podría funcionar. Su respuesta dejaba abierta esa posibilidad bajo condiciones exigentes: mantenerse lejos de las restricciones externas, limitar la reactivación a un período breve y apoyarse en una política fiscal muy ortodoxa y una administración tributaria rigurosa. También destacaban que el gobierno democrático chileno de 1990 parecía haber aprendido la lección al insistir en el equilibrio fiscal y en políticas redistributivas focalizadas.


Con esa vara pienso medir a los nuevos ganadores cuando empiecen a gobernar. Entiendo el reclamo de quienes sienten que el crecimiento los deja atrás y creo que merece una respuesta. Mi experiencia venezolana me obliga, sin embargo, a desconfiar de las promesas que eluden sus costos y de los dirigentes que debilitan las instituciones encargadas de exigirles cuentas. El desenlace que documentaron Dornbusch y Edwards sigue siendo la advertencia principal: cuando esas experiencias fracasan, los trabajadores terminan con salarios reales más bajos que al comienzo. Son ellos quienes pagan la cuenta de las promesas hechas en su nombre.


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